El Estado gastó $60.148 millones en licencias Microsoft en 19 meses, y el 90% se compró sin licitar

Cuarenta y dos organismos compraron lo mismo, al mismo proveedor, cada uno por su cuenta.

Entre el 2 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2026, 42 organismos del Estado chileno emitieron 55 órdenes de compra a MSLI Latam Inc. —la filial de licenciamiento de Microsoft— por un total de $60.148.743.222, del orden de US$64 millones.

La mayor de todas es la orden 4127-256-TD25, de la Subsecretaría de Salud Pública, por US$18.316.010 —$17.149 millones al tipo de cambio de junio de 2025—, para "renovación de los servicios de correo en la nube y ofimática bajo la suscripción Enterprise" del Ministerio de Salud, por 36 meses.

Conviene decirlo de entrada porque es la primera sospecha razonable: la cifra es correcta. La verificamos contra la API oficial de ChileCompra —US$18.316.010,25 brutos sobre US$15.391.605,25 netos, una relación de 1,19 consistente con el IVA— y la conversión a pesos corresponde al dólar de esa fecha. No es un error de carga.

Cómo se compró

El desglose por mecanismo es el dato central de este reportaje:

• Trato directo — 35 órdenes, $54.006 millones (90% del gasto).
• Compras derivadas sin licitación previa — 11 órdenes, $5.680 millones (9%).
• Convenio marco — 8 órdenes, $452 millones (0,75%).

El convenio marco existía

ChileCompra adjudicó el convenio marco en diciembre de 2024. Nuestro período empieza el 2 de enero de 2025.

En diciembre de 2024, ChileCompra adjudicó un nuevo Convenio Marco de Licencias de Software de Ofimática, disponible en su tienda desde la primera quincena de enero de 2025. Ese instrumento permite transacciones desde 10 UTM hasta 25.000 UTM —unos $1.725 millones— con vigencia de hasta 36 meses.

Es decir: el mecanismo diseñado exactamente para esta compra estaba operativo durante todo el período que analizamos. Y se usó: ocho órdenes pasaron por ahí.

Pero de las 35 compras por trato directo, 29 —por $12.775 millones— tenían un monto inferior al tope del convenio marco. Cabían dentro y se hicieron por fuera.

Las otras 6 sí lo exceden, y suman $41.231 millones. Ahí el trato directo tiene una justificación de monto que las anteriores no tienen: ningún convenio marco cubre una compra de $17.149 millones.

Los mayores compradores

El gasto se concentra en pocos organismos, pero se dispersa en muchas negociaciones separadas:

• Subsecretaría de Salud Pública — $17.149 millones (1 orden)
• Servicio de Impuestos Internos — $6.983 millones
• Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo — $5.832 millones
• Contraloría General de la República — $4.439 millones
• Servicio Nacional de Aduanas — $4.313 millones (2 órdenes)
• Ministerio Público — $3.254 millones (3 órdenes)
• Dirección de Compras y Contratación Pública — $2.172 millones

Lo que sí se puede comparar

La mayoría de las órdenes registra el licenciamiento como un paquete único —"Licenciamiento Productos Enterprise", "Valor total 36 meses"—, lo que impide comparar precios unitarios entre organismos. Es una limitación real del registro: no permite saber si el Estado paga precios distintos por lo mismo.

Una orden sí detalla el contenido. El Ministerio Público (5148-38-TD25) compró la actualización de 3.720 licencias Office 365 E3 y 80 licencias E5 por $997.485.924, lo que da del orden de $262.000 por licencia.

Con ese orden de magnitud como referencia, los $17.149 millones del Ministerio de Salud equivaldrían a decenas de miles de licencias por tres años, lo que es plausible para una red asistencial del tamaño del sistema público de salud.

Lo que este reportaje no afirma

Que Microsoft sea el único proveedor de licencias Microsoft no es discutible. Lo que se puede discutir es por qué el Estado negocia cuarenta y dos veces por separado.

No hay indicio de sobreprecio. No pudimos compararlo —el registro no lo permite— y nada en los datos sugiere que los montos sean anómalos para el volumen contratado.

El trato directo tiene causal legal. Microsoft es proveedor único de sus propias licencias, y esa es una causal reconocida del artículo 8 de la Ley 19.886. Nuestro propio sistema atenúa automáticamente estos casos por ese motivo.

Y no hay irregularidad en ninguna orden individual. Cada una, por separado, es defendible.

El punto no está en ninguna orden sino en el conjunto. Cuando cuarenta y dos organismos compran el mismo producto al mismo proveedor en el mismo período, cada uno con su propia resolución fundada y su propia negociación, el Estado renuncia al poder de compra que tendría actuando como un solo cliente.

Qué pide verificarse

Este reportaje se apoya en las órdenes de compra publicadas en MercadoPúblico y contrastadas contra la API oficial. Para cerrar el análisis falta información que no está en ese registro:

• Las resoluciones fundadas de las 29 compras por trato directo cuyo monto cabía en el convenio marco: qué causal se invocó y por qué no se usó el instrumento disponible.
• El detalle de licencias de las órdenes mayores —cantidad y tipo por organismo—, sin el cual no se puede comparar el precio pagado entre servicios públicos.
• Si existe una política de compra coordinada de software en el Estado, y por qué no se aplicó en este período.
• Los términos del Enterprise Agreement que varios organismos mencionan: si es un contrato marco negociado a nivel de Estado o cada institución negocia el suyo.

Nota metodológica

Las cifras corresponden a las órdenes de compra emitidas a MSLI Latam Inc. entre el 2 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2026, según los archivos de ChileCompra. La clasificación por mecanismo se deriva del sufijo del código de orden: TD para trato directo, CM para convenio marco, SE para compras derivadas sin licitación previa.

El tope del convenio marco se calculó en $1.725 millones, equivalente a 25.000 UTM al valor vigente en el período. Las órdenes bajo ese monto se contaron como "cabían en el convenio marco" sin evaluar si el producto específico estaba disponible en la tienda, lo que podría explicar parte de los casos.

MSLI Latam Inc. es un proveedor extranjero y su identificador tributario no sigue el formato de RUT chileno, lo que es normal para esa categoría de proveedores.