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Notas largas a partir de los casos identificados por la plataforma. Cada artículo cita fuentes públicas y enlaza a los datos originales en MercadoPúblico para verificación.
Una constructora familiar de San Bernardo concentró $5.100 millones del MOP en dos tratos directos por emergencia: rehabilitación del camino a Baños Morales en la cordillera de Santiago y reparación de la ruta E-462 en Zapallar tras el invierno de 2024
Ingeniería y Construcciones Santa Laura SpA (RUT 76.303.450-K, San Bernardo) facturó al Ministerio de Obras Públicas $6.626 millones en los últimos 24 meses. El 77% de esa facturación proviene de dos órdenes de compra emitidas por trato directo, en distintas Direcciones Regionales de Vialidad: la primera por $3.434 millones para una conservación de emergencia en el camino G-453 hacia Baños Morales (San José de Maipo, Cordillera de la Región Metropolitana), y la segunda por $1.665 millones para la conservación de la ruta E-462 emergencia invierno 2024 (comuna de Zapallar, provincia de Petorca, Región de Valparaíso). Ambos contratos están legalmente justificados bajo la causal de emergencia del Art. 8 letra b) de la Ley 19.886. La sociedad tiene seis socios, todos de la misma familia (Cristi Hormazábal). El monto agregado obliga a documentar el patrón.
El 100% del gasto registrado de la Delegación Presidencial de Valparaíso salió por trato directo: la Contraloría ya detectó pagos no acreditados por $586 millones y la Fiscalía allanó el MOP
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso adjudicó 93 compras por $19.420 millones durante los últimos 24 meses, todas por trato directo o convenio marco — un 43,7 puntos sobre la mediana del sector. Las cifras cubren el período inmediatamente posterior al megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, el más letal en la historia de Chile. La Contraloría General de la República, mediante Informe N° 528/2025, documentó pagos no acreditados, sobreprecios y subcontratación irregular por más de $586 millones, y remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Rancagua firmó un trato directo de $24 mil millones por dos años de aseo con Veolia, después de dos licitaciones públicas desiertas y de la destitución por corrupción de su alcalde anterior
La municipalidad de Rancagua emitió la orden de compra 2402-106-TD25 a Veolia SU Chile S.A. por $23.947 millones para 24 meses de recolección de residuos, barrido y limpieza. La causal del trato directo es el Decreto Afecto N° 4 del 25 de abril de 2025, tomado por la Contraloría General de la República. La municipalidad había declarado dos licitaciones públicas desiertas previamente, y un proceso adjudicado a Veolia fue objetado por la Contraloría Regional de O'Higgins. El alcalde que firma el contrato, Raimundo Agliati, asumió en marzo de 2025 tras la destitución y condena por corrupción del alcalde anterior, Juan Ramón Godoy.
Cuando el algoritmo flagea y la verificación humana despeja: el caso del transbordador de Aysén
Una orden de compra del Ministerio de Obras Públicas por $24.311 millones, bajo modalidad de trato directo, gatilló la regla automática de Transparentin que vigila los TDs de monto extraordinario. La verificación documental con fuentes oficiales mostró que el contrato corresponde a una segunda barcaza diésel/eléctrica para la conectividad de Chile Chico, y que la Contraloría General de la República ya tomó razón del contrato.
El trato directo más grande del catálogo de compras públicas: $134.503 millones a una distribuidora con cuatro años de vida en Chile, por un medicamento que tiene marca registrada en farmacias
El 24 de marzo de 2026, Cenabast emitió una orden de compra a Scienza Chile SPA por $134.503 millones. La modalidad fue trato directo monoproveedor — la causal más estricta del Art. 8 de la Ley 19.886, reservada para productos que solo una empresa puede entregar. El producto adjudicado: pancreatina, una enzima digestiva con marca registrada en farmacias chilenas y al menos un registro sanitario competidor vigente en el ISP.
Una droguería con nombre de tienda naturista — pero subsidiaria de la multinacional OPKO — ganó el 91% de las licitaciones farmacéuticas de Cenabast en 2025
Arama Natural Products Distribuidora Limitada se adjudicó diez de once licitaciones competitivas en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud durante 2025, por un total de $17.667 millones. La empresa es 99% de OPKO Chile, subsidiaria local de la farmacéutica estadounidense OPKO Health (NASDAQ:OPK), aunque su giro tributario figura como mayorista de "otros productos N.C.P." y su nombre evoca el rubro de los suplementos naturales.
Entre la primera y la segunda vuelta presidencial, el monto adjudicado por el Ejército para casi la misma flota de buses se multiplicó por 98
El Ejército licitó casi la misma flota de buses para resguardar el despliegue de las dos elecciones presidenciales de 2025. En noviembre adjudicó $270 millones repartidos entre tres empresas. En diciembre, $26.485 millones — 98 veces más — concentrados en una empresa de bajo perfil que pasó de un contrato simbólico a llevarse las dos zonas más grandes.
Una sola empresa de outsourcing capturó 515 licitaciones por $31 mil millones en 90 hospitales y servicios de salud chilenos: 80% de sus contratos los ganó como único oferente
El Grupo Layner — operando bajo cuatro razones sociales (Layner SpA, Layner Medical SpA, Layner OTEC SpA, Layner Servicios Transitorios) registradas en Puente Alto — adjudicó $31.355.896.736 en licitaciones públicas durante los últimos 24 meses para servicios de outsourcing de personal médico (médicos por hora, técnicos, kinesiología, matronería, auxiliares clínicos, cuidadores residenciales). De las 515 adjudicaciones, 410 (80%) fueron procesos donde solo Layner se presentó. La concentración más alta está en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco: 75 de 80 adjudicaciones a Layner por $3.827 millones, con 77 procesos de un solo oferente.
La Contraloría abrió sumario al Hospital Sótero del Río por un contrato de $680 millones con una empresa traumatológica cuyo controlador real, oculto en la declaración inicial, era un médico que trabajaba en el propio recinto
El 21 de abril de 2026 la Contraloría General de la República inició una investigación administrativa sobre el contrato suscrito por el Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río con la sociedad TRAUMAHARD Ltda. (RUT 76.421.393-9) por servicios médicos especializados de traumatología. La cifra que reporta la prensa nacional asciende a $680.271.966. Los antecedentes públicos consignan que en la documentación entregada al hospital al momento de la contratación se declaró que un funcionario del propio recinto tenía el 8% de la sociedad — una participación menor que, bajo el Art. 4° letra b) de la Ley 19.886 de Compras Públicas, no impide la contratación. Pero la Contraloría detectó que el 92% restante de TRAUMAHARD pertenece a otra sociedad cuyo 98% lo controla ese mismo médico. Es decir: el funcionario del hospital es, por estructura indirecta, el dueño efectivo de prácticamente la totalidad de la empresa que su empleador adjudicó, pero nada de eso fue declarado al momento de la contratación. La prohibición legal es categórica.