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Notas largas a partir de los casos identificados por la plataforma. Cada artículo cita fuentes públicas y enlaza a los datos originales en MercadoPúblico para verificación.
El Estado gastó $60.148 millones en licencias Microsoft en 19 meses, y el 90% se compró sin licitar
Cuarenta y dos organismos públicos negociaron por separado con el mismo proveedor. La Subsecretaría de Salud Pública firmó la mayor: US$18,3 millones por 36 meses de correo y ofimática, por trato directo. ChileCompra adjudicó en diciembre de 2024 un convenio marco justamente para esto, vigente desde enero de 2025 y con tope de 25.000 UTM. En el mismo período, 29 compras directas por $12.775 millones cabían bajo ese tope y no lo usaron. Por el convenio marco pasó el 0,75% del gasto.
Una consultora de recursos humanos provee las cirugías y la anestesia de dos hospitales de La Araucanía, y su facturación se multiplicó por cien en siete años
Consultora de Servicios Generales en RRHH SpA le vendió $87 millones al Hospital Hernán Henríquez de Temuco en 2017. En 2024 le vendió $8.806 millones. Desde 2023 replica el modelo en el Hospital Padre Las Casas, donde ya concentra el 19,6% del gasto total. De las 46 licitaciones que ganó en el hospital regional en dos años, 36 se resolvieron sin que se presentara otro oferente. Nada de esto es ilegal: es el mecanismo con que el sistema público chileno compra actos clínicos a terceros.
Puerto Montt pasó dos años sin licitar la recolección de basura y cubrió el período con un trato directo de $7.535 millones firmado con cinco meses de retraso
La licitación de la concesión más grande del municipio se declaró desierta en julio de 2024. La siguiente recién se publicó en mayo de 2026. En el intervalo, el servicio siguió operando con la empresa incumbente mediante tratos directos, incluido uno de $7.535 millones emitido el 10 de julio de 2026 para cubrir un período que había empezado el 1 de febrero. La tarifa acordada es más barata que la que el propio municipio presupuestó para licitar.
Cenabast pagó $231.847 por una jeringa de adalimumab y nueve días después pagó $56.000 por la misma dosis del mismo medicamento
La diferencia está en la marca. En junio de 2026, Cenabast compró 57.600 jeringas de Humira, el producto original de AbbVie, a $231.847 cada una. El 2 de julio compró 68.400 jeringas de Idacio, un biosimilar de la misma molécula y la misma dosis, a $56.000. Ambas compras se hicieron por trato directo, invocando la misma causal: material de continuidad de tratamiento. Ese mismo año, Cenabast había adjudicado adalimumab por licitación pública, con cuatro oferentes, a $28.890 la jeringa.
Una constructora familiar de San Bernardo concentró $5.100 millones del MOP en dos tratos directos por emergencia: rehabilitación del camino a Baños Morales en la cordillera de Santiago y reparación de la ruta E-462 en Zapallar tras el invierno de 2024
Ingeniería y Construcciones Santa Laura SpA (RUT 76.303.450-K, San Bernardo) facturó al Ministerio de Obras Públicas $6.626 millones en los últimos 24 meses. El 77% de esa facturación proviene de dos órdenes de compra emitidas por trato directo, en distintas Direcciones Regionales de Vialidad: la primera por $3.434 millones para una conservación de emergencia en el camino G-453 hacia Baños Morales (San José de Maipo, Cordillera de la Región Metropolitana), y la segunda por $1.665 millones para la conservación de la ruta E-462 emergencia invierno 2024 (comuna de Zapallar, provincia de Petorca, Región de Valparaíso). Ambos contratos están legalmente justificados bajo la causal de emergencia del Art. 8 letra b) de la Ley 19.886. La sociedad tiene seis socios, todos de la misma familia (Cristi Hormazábal). El monto agregado obliga a documentar el patrón.
El 100% del gasto registrado de la Delegación Presidencial de Valparaíso salió por trato directo: la Contraloría ya detectó pagos no acreditados por $586 millones y la Fiscalía allanó el MOP
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso adjudicó 93 compras por $19.420 millones durante los últimos 24 meses, todas por trato directo o convenio marco — un 43,7 puntos sobre la mediana del sector. Las cifras cubren el período inmediatamente posterior al megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, el más letal en la historia de Chile. La Contraloría General de la República, mediante Informe N° 528/2025, documentó pagos no acreditados, sobreprecios y subcontratación irregular por más de $586 millones, y remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Rancagua firmó un trato directo de $24 mil millones por dos años de aseo con Veolia, después de dos licitaciones públicas desiertas y de la destitución por corrupción de su alcalde anterior
La municipalidad de Rancagua emitió la orden de compra 2402-106-TD25 a Veolia SU Chile S.A. por $23.947 millones para 24 meses de recolección de residuos, barrido y limpieza. La causal del trato directo es el Decreto Afecto N° 4 del 25 de abril de 2025, tomado por la Contraloría General de la República. La municipalidad había declarado dos licitaciones públicas desiertas previamente, y un proceso adjudicado a Veolia fue objetado por la Contraloría Regional de O'Higgins. El alcalde que firma el contrato, Raimundo Agliati, asumió en marzo de 2025 tras la destitución y condena por corrupción del alcalde anterior, Juan Ramón Godoy.
Cuando el algoritmo flagea y la verificación humana despeja: el caso del transbordador de Aysén
Una orden de compra del Ministerio de Obras Públicas por $24.311 millones, bajo modalidad de trato directo, gatilló la regla automática de Transparentin que vigila los TDs de monto extraordinario. La verificación documental con fuentes oficiales mostró que el contrato corresponde a una segunda barcaza diésel/eléctrica para la conectividad de Chile Chico, y que la Contraloría General de la República ya tomó razón del contrato.
Rectificación: el contrato del Ejército por los buses de la segunda vuelta no fue de $26.485 millones, sino de unos $284 millones
Este reportaje afirmaba que el monto adjudicado se había multiplicado por 98 entre la primera y la segunda vuelta presidencial. La verificación contra la fuente primaria mostró que esa cifra no existe: el organismo cargó el total de cada línea en el campo de precio unitario y el sistema lo multiplicó por la cantidad de buses. El contrato real es coherente con el presupuesto de la propia licitación. Retiramos la afirmación original y dejamos publicada esta corrección.
Los hospitales públicos compran horas médicas en un mercado donde la mitad de las licitaciones tiene un solo oferente — y el precio ya viene fijado
El Grupo Layner adjudicó $25.632 millones en licitaciones públicas de outsourcing de personal clínico en 24 meses. En su filial Layner Medical, 89 de 120 licitaciones (74%) se resolvieron sin que se presentara otro oferente. Pero el fenómeno excede a la empresa: en el nicho de compra de acciones de salud a terceros, el 55% de las licitaciones a nivel nacional tiene un único participante, contra el 21% del resto de las compras públicas chilenas. Y bajo el marco que rige estas contrataciones, el precio lo fija el hospital: la competencia, cuando existe, no lo mueve.
La Contraloría abrió sumario al Hospital Sótero del Río por un contrato de $680 millones con una empresa traumatológica cuyo controlador real, oculto en la declaración inicial, era un médico que trabajaba en el propio recinto
El 21 de abril de 2026 la Contraloría General de la República inició una investigación administrativa sobre el contrato suscrito por el Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río con la sociedad TRAUMAHARD Ltda. (RUT 76.421.393-9) por servicios médicos especializados de traumatología. La cifra que reporta la prensa nacional asciende a $680.271.966. Los antecedentes públicos consignan que en la documentación entregada al hospital al momento de la contratación se declaró que un funcionario del propio recinto tenía el 8% de la sociedad — una participación menor que, bajo el Art. 4° letra b) de la Ley 19.886 de Compras Públicas, no impide la contratación. Pero la Contraloría detectó que el 92% restante de TRAUMAHARD pertenece a otra sociedad cuyo 98% lo controla ese mismo médico. Es decir: el funcionario del hospital es, por estructura indirecta, el dueño efectivo de prácticamente la totalidad de la empresa que su empleador adjudicó, pero nada de eso fue declarado al momento de la contratación. La prohibición legal es categórica.