Puerto Montt pasó dos años sin licitar la recolección de basura y cubrió el período con un trato directo de $7.535 millones firmado con cinco meses de retraso

Entre que la licitación quedó desierta y que se publicó la siguiente pasaron 22 meses. En el intervalo, el servicio nunca se detuvo.

El 10 de julio de 2026, la Municipalidad de Puerto Montt emitió la orden de compra 2324-917-TD26 a COSEMAR S.A. por $7.535.000.000, bajo la modalidad de trato directo, para la concesión de recolección, extracción y transporte de residuos domiciliarios.

El detalle de la orden precisa que cubre once meses, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2026. Es decir: se firmó cuando cinco de esos once meses ya habían transcurrido y el servicio ya se había prestado.

Semanas antes, el 16 de enero, el municipio había emitido otra orden a la misma empresa —2324-54-TD26, por $643.250.000— para cubrir enero. Entre ambas suman $8.178 millones y completan el año calendario 2026 sin interrupciones.

Qué pasó con la licitación

La recolección de residuos es el contrato individual más grande que administra el municipio. En octubre de 2023 se llamó a licitación pública para concesionarlo por 72 meses, con un presupuesto estimado de $57.106 millones.

Ese proceso se declaró desierto en julio de 2024.

La siguiente licitación pública, la 2324-33-LR26, se publicó el 25 de mayo de 2026, con un presupuesto estimado de $66.672.000.000 y cierre de ofertas el 24 de julio.

Entre una fecha y la otra transcurrieron 22 meses sin que se llamara a un nuevo proceso competitivo para ese servicio.

• Octubre 2023 — se licita la concesión por 72 meses ($57.106 millones estimados).
• Julio 2024 — la licitación se declara desierta.
• Agosto 2025 — trato directo de $431.970.000 a Hidrosym por limpieza y barrido.
• Enero 2026 — trato directo de $643.250.000 a COSEMAR por el mes de enero.
• Mayo 2026 — se publica la nueva licitación ($66.672 millones estimados).
• Julio 2026 — trato directo de $7.535.000.000 a COSEMAR, retroactivo al 1 de febrero.

Lo que este reportaje no afirma

La tarifa del trato directo es más barata que la que el propio municipio presupuestó para licitar. No hay indicio de sobreprecio.

Conviene ser explícito sobre dos cosas que los datos no muestran.

No hay sobreprecio. El trato directo implica una tarifa mensual de unos $685 millones brutos. La licitación de 2023 estimaba $793 millones mensuales y la de 2026 estima $926 millones. La contratación directa quedó por debajo de lo que el propio municipio calculó para licitar el mismo servicio.

La continuidad tiene fundamento legal. La recolección de residuos domiciliarios no admite interrupción, y el Art. 8 de la Ley 19.886 contempla el trato directo precisamente para asegurar continuidad de servicios esenciales cuando un proceso competitivo falla. Que la licitación anterior se declarara desierta es un hecho objetivo, no un pretexto construido.

Lo que queda en pie, entonces, no es una acusación de fraude ni de sobreprecio: es una pregunta de gestión. Por qué el contrato más grande del municipio pasó 22 meses sin un llamado público, y por qué la orden que regulariza el período se emite cinco meses después de que ese período empezara.

El detalle que conviene seguir

El trato directo cubre hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la nueva licitación cerró ofertas el 24 de julio de ese año. Si la adjudicación y la puesta en marcha del nuevo concesionario se extienden más allá de diciembre —las bases de 2023 contemplaban un período preparatorio de 180 días—, el municipio necesitará otro instrumento para cubrir el intervalo.

Vale seguir también la composición de la nueva licitación: para un contrato de esta escala, la cantidad de oferentes que efectivamente compitan dirá si el mercado está abierto o si la concesión tiende a resolverse entre pocos actores.

Qué pide verificarse

Este reportaje se apoya en las órdenes de compra y licitaciones publicadas por el propio municipio en MercadoPúblico. Para cerrar el análisis hace falta documentación que no está en ese registro:

• La resolución fundada de la orden 2324-917-TD26: qué causal del Art. 8 se invocó y cómo se justifica el carácter retroactivo.
• El acuerdo del Concejo Municipal, exigido por el Art. 65 de la Ley 18.695 para contrataciones sobre 500 UTM. Las actas de sesión deberían registrarlo.
• Por qué se declaró desierta la licitación de 2023: si no hubo ofertas, si excedieron el presupuesto o si fueron inadmisibles.
• Con qué instrumento se pagó el servicio entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, período en que no aparecen órdenes de compra a la empresa concesionaria en el registro público.
• Si hubo pronunciamiento de Contraloría sobre estos tratos directos.

Nota metodológica

Los montos provienen de las órdenes de compra publicadas en MercadoPúblico y fueron contrastados contra la API oficial de ChileCompra. Las tres órdenes citadas tienen relación monto neto / monto bruto de 1,19, consistente con el IVA, y sus ítems cuadran con el encabezado.

Una precisión sobre el conteo: las órdenes a COSEMAR (recolección domiciliaria) y la orden a Hidrosym (limpieza y barrido de calles) comparten código de catálogo pero corresponden a servicios y empresas distintas. Por eso este texto reporta $8.178 millones a COSEMAR y trata la orden de Hidrosym por separado, en vez de sumar las tres bajo un mismo rótulo.