Ñuñoa licitó cámaras corporales y software por $17,5 millones sin marca ni exclusión visible

Aquí el patrón es débil y más bien apunta a una posible asimetría de alcance en la definición del requerimiento, no a una irregularidad clara. Las compras de cámaras corporales suelen incluir software, almacenamiento y soporte, por lo que la sola mezcla de bienes y servicios no basta para hablar de dirigismo. En términos de Ley 19.886, habría problema solo si la especificación técnica cerró injustificadamente la competencia o si se armó una configuración hecha a medida de un proveedor. El monto es medio y el contexto institucional no muestra historial previo adverso en esta base de datos, por lo que no conviene sobrerreaccionar. La hipótesis más probable es una compra estándar de equipamiento policial o de seguridad municipal con componente tecnológico asociado. La verificación debe concentrarse en si el software era compatible con cámaras de cualquier marca o si exigía un ecosistema cerrado sin justificación.