Pozo Almonte adjudicó $16,8 millones con referencia nominativa a Isabel Ramayo

El patrón sospechoso es de bases dirigidas o, al menos, de individualización impropia dentro de la descripción de la compra. En contratación pública, nombrar a una persona natural concreta sin una razón técnica o administrativa verificable puede introducir sesgo, exponer innecesariamente a un funcionario y dejar rastro de una decisión personal en vez de institucional. Bajo la Ley 19.886 y los principios de probidad de la Ley 20.880, las bases deben describir la necesidad pública y no la voluntad de una persona identificable, salvo que sea imprescindible y esté debidamente fundamentado. Aquí el texto apunta a que el servicio fue “solicitado” por un nombre propio, pero no explica por qué esa referencia era necesaria para contratar. El monto es relevante y el municipio aparece con una carga alta de compras directas en su historial, lo que sugiere revisar con más cuidado su estándar de contratación. No prueba por sí solo una irregularidad grave, pero sí abre la pregunta sobre si hubo influencia indebida en la definición del requerimiento.