María Elena exigió marca BDM en evento de batallas de gallos por $7 millones

Este caso muestra un patrón de bases dirigidas por uso explícito de marca. En contratación pública, nombrar una marca o un esquema artístico puede ser válido si es indispensable para ejecutar el evento, pero debe estar cuidadosamente justificado y acompañado de una cláusula de equivalencia o autorización real que no cierre la competencia innecesariamente. La Ley 19.886 exige transparencia y trato igualitario entre oferentes, y la probidad administrativa obliga a evitar redacciones que beneficien a un tercero específico. El monto no supera los 7 millones, así que no estamos ante una alerta de alta gravedad financiera, pero sí ante una base con lenguaje muy concentrado en una marca inscrita. Además, María Elena registra otras adjudicaciones concentradas y un proveedor con desempeño reiterado, lo que refuerza la necesidad de revisar si este evento se diseñó para un actor puntual. La hipótesis más prudente es que se buscó asegurar derechos de producción de un formato ya conocido; la hipótesis preocupante es que la base haya sido escrita para dejar camino despejado a un solo oferente.