Municipalidad de Rengo compró software PRTG Network Monitor 500 por $5,5 millones

La señal principal es de bases dirigidas o, al menos, de especificación comercial muy cerrada: al nombrar un producto exacto sin que aparezca una cláusula de equivalencia, se restringe la posibilidad de competir a otros proveedores. En compras públicas esto es sensible porque la Ley 19.886 exige que las bases no discriminen y permitan competencia real, salvo que exista una justificación técnica sólida. El contexto empeora la percepción: Rengo ya registra 10 irregularidades previas y varios casos de fuerte concentración de adjudicaciones, lo que sugiere un entorno donde conviene mirar con más atención cada proceso. La compra, además, se mueve en un mercado de software corporativo que suele tener representantes únicos o pocos canales autorizados, por lo que no se debe sobrerreaccionar; aun así, la mención exacta del producto es una alerta legítima. La pregunta de fondo es si el municipio necesitaba ese modelo preciso o si pudo describir la necesidad funcional y abrir competencia. Si no había equivalentes, la restricción debe estar muy bien fundamentada en el expediente.