Hospital de Arica incluyó nombres y correos en convenio de fármacos por $246,8 millones

Aquí el patrón no es de precio ni de proveedor favorito, sino de Bases dirigidas y falta de neutralidad documental. La aparición de nombres, cargos y correos personales en la descripción de una licitación pública puede ser una simple mala práctica administrativa, pero también puede crear un canal informal de contacto que favorezca a ciertos oferentes y opaque el proceso. Bajo la Ley 19.886, las bases deben ser generales, objetivas y transparentes; si incorporan instrucciones personalizadas, la competencia puede verse debilitada. El monto es relevante, $246,8 millones, y además la institución registra una tasa alta de compras por trato directo en su historial general, aunque aquí se trata de una licitación. La hipótesis benigna es desprolijidad en la redacción o copia de plantillas internas con datos de funcionarios. Aun así, conviene revisar si esos contactos se usaron para responder dudas, recibir garantías o coordinar etapas del proceso. Si hubo trato preferente, la situación podría rozar principios de probidad y transparencia.