Hospital San Borja Arriarán licitó $647 millones con nombre propio en las bases

Aquí el patrón es de posibles bases dirigidas o, al menos, de redacción contaminada por un nombre propio que no debería aparecer si la licitación busca máxima neutralidad. En compras públicas, la Ley 19.886 exige resguardar competencia y evitar requisitos que favorezcan a un oferente determinado; si “JLL” corresponde a una empresa, asesor o sigla interna usada para orientar la compra, podría haber una afectación al principio de igualdad entre oferentes. Lo relevante no es solo la presencia del término, sino que aparezca en el encabezado y en la aprobación de bases, dos espacios donde normalmente se espera lenguaje institucional y no referencias personalizadas. El monto supera ampliamente el umbral de licitación pública y hace más sensible cualquier sesgo en las bases. El contexto muestra además una institución con 87% de compras por trato directo, lo que no prueba esta licitación, pero sí describe un entorno poco competitivo que amerita más escrutinio. La hipótesis más plausible es un expediente armado con apoyo de un tercero identificado, o una plantilla de bases que incorporó un nombre que debió ser eliminado. Eso no acredita ilegalidad por sí solo, pero sí una señal concreta de posible direccionamiento documental.