GORE Coquimbo renovó seguridad perimetral por $43,3 millones pidiendo mantener la marca Watch Guard
La licitación 624-25-LE25, por $43.286.000, señala “Watch Guard” y la instrucción de “mantener esta marca” en un servicio de seguridad perimetral. Esa redacción amarra la compra a una marca específica y deja poco espacio para competencia real.
Este es un caso más fuerte de bases dirigidas, porque no sólo se nombra una marca comercial, sino que además se ordena “mantener esta marca”. Eso sugiere una definición previa del proveedor o de la solución técnica, lo que en compras públicas puede ser problemático si no existe una justificación sólida de compatibilidad, continuidad operativa o estándar ya instalado. La Ley 19.886 y sus principios de libre concurrencia exigen que las bases no establezcan barreras artificiales ni orienten el resultado hacia un actor determinado. El monto es alto y la redacción es explícita, por lo que el caso tiene interés público claro. A falta de antecedentes previos en la ficha, no se puede afirmar direccionamiento consumado, pero sí hay señales textuales suficientes para pedir explicaciones. La hipótesis más plausible es una renovación de infraestructura ya existente; la clave es saber si esa continuidad estaba documentada o si la marca se usó para cerrar el mercado.
Norma potencialmente infringida
Art. 20 Ley 19.886 (libre competencia en licitaciones); Ley 20.880 (probidad)
Qué verificar
5 pasos- 1Solicitar el informe técnico que explica por qué debía mantenerse la marca Watch Guard
- 2Revisar si el servicio anterior ya operaba con esa marca y si había otra alternativa equivalente
- 3Pedir las bases completas para ver si se permitieron soluciones compatibles de otros fabricantes
- 4Verificar si hubo estudio de mercado o cotizaciones comparadas antes de licitar
- 5Cruzar la adjudicación con el historial del proveedor para detectar repetición sistemática en el Gobierno Regional
Licitaciones involucradas
1 procesoEvidencia
"Watch Guard" · "mantener esta marca"
Detección automatizada por cruce de datos públicos. Este caso es un indicio que requiere verificación — no una afirmación de irregularidad ni de fraude. Los textos fueron redactados con asistencia de un modelo de lenguaje a partir del hallazgo estructural.