Comisión Nacional de Acreditación enumeró seis softwares de marca en una compra por $14,8 millones

Este es el caso más fuerte del grupo para un patrón de bases dirigidas, porque no se trata de una referencia aislada sino de una enumeración de marcas y productos concretos dentro de una misma adquisición. En términos de la Ley 19.886, esa redacción puede afectar la libre concurrencia si convierte la licitación en una compra pensada para un ecosistema tecnológico ya definido. La hipótesis más benigna es que la institución esté renovando herramientas ya instaladas y que las marcas sean imprescindibles por compatibilidad o continuidad operativa, pero esa justificación debe estar muy bien documentada. También cabe la posibilidad de que la categoría de software reúna soluciones especializadas y de mercado concentrado, aunque en este caso la diversidad de productos enumerados sugiere más bien una canasta cerrada de licencias. La institución no registra alertas previas en este conjunto, pero el número de marcas citadas eleva la sospecha técnica. No alcanza para afirmar un ilícito, pero sí para pedir explicaciones claras sobre por qué no se licitó por funcionalidades o estándares equivalentes.