Gobierno Regional de O’Higgins compró 2 mini-furgonetas por $118,4 millones

La alerta está más cerca de una compra notable que de un caso de corrupción evidente: se trata de vehículos completos de alto valor y el precio unitario puede explicarse si incluyen adaptación, equipamiento o carrozado especial. Sin embargo, el monto total supera ampliamente compras comunes de este tipo y merece revisión porque el mismo gobierno regional ya registró otra adjudicación relevante y un trato directo previo a un proveedor del área tecnológica. En compras públicas chilenas, cuando una compra de activo móvil supera los $100 millones, el foco debe estar en la justificación técnica, la evaluación de alternativas y la trazabilidad del procedimiento. Si hubo especificaciones muy particulares, podría tratarse de una adquisición legítima para una función territorial o social determinada; si no, la compra pudo quedar demasiado concentrada en un solo oferente. La ley no prohíbe comprar vehículos caros, pero sí exige buen uso de recursos y competencia efectiva cuando corresponde. Por ahora la señal es de visibilidad pública y control, no de sobreprecio extremo.