Licantén compró impresora Ricoh IM 5000 por $7,1 millones con marca cerrada

Este caso muestra un patrón de Bases dirigidas: la compra identifica una marca y un modelo concreto de impresora, y no se observa una apertura explícita a equivalentes. En licitaciones públicas, eso es delicado porque puede limitar la competencia a un solo fabricante o distribuidor, especialmente cuando se trata de bienes estándar que suelen tener sustitutos funcionalmente comparables. La Ley 19.886 exige promover la libre concurrencia y evitar requisitos que operen como barreras artificiosas; si no existe justificación técnica, la mención cerrada puede ser cuestionable. El monto está sobre los $7 millones, pero aún por debajo de niveles que por sí solos empujarían una alarma alta, y el contexto institucional muestra directivas concentradas, aunque sin un historial extremo. El antecedente de Licantén adjudicando repetidamente a pocos proveedores refuerza la necesidad de mirar si esta compra responde a una necesidad objetiva o a una práctica de especificación cerrada. La hipótesis a revisar es si la entidad copió una ficha de un proveedor, lo que suele terminar reduciendo competencia y elevando precios o dependencia futura.