Defensoría de la Niñez adjudicó por $6.683.400, también al 99,75% del umbral de 100 UTM

El patrón es el mismo: “Monto al límite”. Cuando una compra queda repetidamente clavada justo bajo 100 UTM, la hipótesis de control ciudadano es que podría existir un diseño para evitar un procedimiento con más competencia o mayor trazabilidad. La Ley 19.886 no prohíbe comprar bajo ese monto, pero sí exige que la contratación pública respete la lógica de competencia y no se use la forma jurídica para desnaturalizar el régimen de compras. El contexto aquí sube el interés: la institución tiene un 83% de compra directa en su historial informado, una tasa alta para un organismo de este tipo, lo que sugiere una cultura de contratación más cerrada que el promedio. Aun así, sin antecedentes específicos de irregularidades previas, no corresponde hablar de un caso extremo; sí de una señal consistente que merece revisión documental. Podría tratarse de un servicio real dimensionado al máximo permitido, pero también de una estimación afinada para evitar licitación pública o un procedimiento más robusto. La pregunta relevante es si el precio, la cantidad o la duración del servicio fueron ajustados para quedar justo bajo el tope.