Punitaqui pidió una ejecutiva con nombre y RUT en compra de telefonía por $13,1 millones

Este caso calza con bases dirigidas, porque no describe una capacidad técnica general del servicio, sino datos personales que sugieren a una proveedora específica. En el sistema de compras públicas, una exigencia así puede restringir artificialmente la competencia y vulnerar el principio de igualdad entre oferentes, especialmente si no está respaldada por una necesidad objetiva y documentada. La sospecha aumenta porque se trata de una contratación de telecomunicaciones, un mercado donde existen varios actores y, por lo mismo, no sería normal amarrar la postulación a una persona individual. La institución además muestra una tasa alta de compras directas en su historial, lo que no prueba nada por sí solo, pero sí aconseja mirar con más cuidado sus procesos competitivos. Si la identidad de la ejecutiva coincide con un proveedor habitual o con vínculos internos, la alerta podría escalar; por ahora, la señal principal es el direccionamiento textual.