Complejo Asistencial Sotero del Río compró folios por $33,9 millones con exigencia de marca

Este caso apunta a un posible problema de bases dirigidas, pero la señal es más débil que cuando se menciona una marca específica. Exigir que el oferente declare la marca ofertada puede ser legítimo para control de inventario, compatibilidad o validación técnica, pero también puede convertirse en una barrera si la institución termina evaluando por nombre comercial y no por características equivalentes. La compra además está cerca de los $34 millones, un monto que ya amerita transparencia sobre cómo se definieron las especificaciones y por qué no bastó una descripción funcional del bien. El contexto del hospital —con más de mil procesos y un gasto promedio alto— sugiere una operación compleja, donde ciertos requerimientos administrativos son normales. Eso baja un poco la sospecha, pero no elimina la necesidad de revisar las bases completas. La hipótesis plausible es que se trate de un requerimiento de trazabilidad, no de direccionamiento; la hipótesis riesgosa es que la marca haya servido para acotar la competencia sin justificación técnica. Si el criterio de evaluación dependió de una marca concreta, el proceso podría haber contravenido la libre concurrencia exigida por la Ley 19.886. Aquí la clave es distinguir control administrativo legítimo de restricción competitiva encubierta.