El 100% del gasto registrado de la Delegación Presidencial de Valparaíso salió por trato directo: la Contraloría ya detectó pagos no acreditados por $586 millones y la Fiscalía allanó el MOP

El 2 y 3 de febrero de 2024, los cerros de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana se incendiaron. El siniestro dejó 138 fallecidos confirmados por la Fiscalía Regional, más de 14.000 viviendas destruidas y 8.500 hectáreas arrasadas (Wikipedia). Es el incendio urbano-forestal más letal en la historia de Chile y el segundo más mortífero del siglo XXI a nivel mundial, después del Sábado Negro australiano de 2009.

En los días y semanas siguientes, el Estado central organizó la respuesta. La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso — el organismo que en cada región coordina la ejecución de las políticas del Gobierno central — fue uno de los actores principales en la contratación de servicios de emergencia: remoción de escombros, demolición de viviendas siniestradas, transporte de damnificados, arriendo de maquinaria pesada, combustible.

Dos años después, la regla "trato directo intensivo" de Transparentin detectó que el 100% de las 93 compras registradas en MercadoPúblico por esa Delegación durante los últimos 24 meses, por un total de $19.420.533.192, fueron adjudicadas mediante trato directo o convenio marco. La mediana del sector "delegacion" — un grupo de 90 organismos similares — usa trato directo en el 56,3% de su gasto. La Delegación de Valparaíso opera 43,7 puntos por encima de ese baseline.

El patrón que la regla detecta

Que las delegaciones presidenciales recurran a tratos directos para responder emergencias está dentro del régimen excepcional de la Ley 19.886 — el Art. 8 letras b) y c) lo permite explícitamente para emergencias e imprevistos. Que ese 100% se mantenga durante 24 meses, en cambio, supera por mucho lo que las otras 89 delegaciones del país han hecho en el mismo período. La emergencia justifica una porción; el patrón sostenido excede a la emergencia.

El caso fue inicialmente detectado por el algoritmo de Transparentin sin información externa. Lo que sucedió a continuación es lo que documenta este reportaje: las irregularidades específicas que la Contraloría General de la República, la Fiscalía Regional y la prensa de investigación ya habían identificado en los contratos individuales que componen ese gasto agregado.

El Informe N° 528/2025 de la Contraloría

El 10 de enero de 2025, la Contraloría General de la República — encabezada por la Contralora Dorothy Pérez — emitió el Informe N° 528/2025 sobre las contrataciones de emergencia de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso (Noticias Los Ríos, 10/02/2026). El informe detalla:

• Pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones.
• Eventuales sobreprecios y "uso injustificado del trato directo".
• Falta de evaluación de idoneidad técnica del adjudicatario en los contratos de maquinaria pesada.
• Ausencia de boletas de garantía solicitadas como requisito formal.
• Subcontratación informal no permitida bajo la modalidad de trato directo de emergencia.
• Maquinaria y personal facturados pero no acreditados en terreno.

San Nicolás SpA: seis contratos por $6.725 millones

Los contratos a San Nicolás SpA mencionan más de 150 máquinas operando, una cifra incompatible con el territorio efectivamente intervenido. Maquinaria que aparece facturada y no aparece en obra.

El componente más documentado del agregado son los seis contratos por trato directo que la Delegación adjudicó a la sociedad San Nicolás SpA por un total de $6.725.655.566, según consta en los registros de prensa que cubrieron las denuncias (BioBío Chile, 18/02/2026). El objeto de los contratos: arriendo de maquinaria pesada, personal y combustible para remoción de escombros y demoliciones.

San Nicolás SpA es una sociedad por acciones constituida en 2021, con tres integrantes: Pedro Briones González (43 años), Catalina Jara Briones (24) y Tomás Avilés Tillería (20, representante principal desde 2023). La empresa no posee maquinaria propia ni trabajadores en planilla. Subcontrataba informalmente a otras empresas para ejecutar el servicio facturado al Estado. Su primer contrato con un organismo público se firmó en julio de 2023 con la Delegación Presidencial de Bío Bío.

Las diferencias de pago documentadas alcanzan hasta 557,89% por turno respecto de valores comparables, equivalentes a aproximadamente $4 mil millones de sobreprecio según la denuncia presentada por la diputada y senadora electa Camila Flores (RN) ante la Contraloría (G5 Noticias, 26/11/2025).

La cadena de responsabilidad

Los contratos fueron firmados por la entonces Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González (Partido Comunista, hoy diputada electa). Sofía González ejercía el cargo durante el megaincendio y suscribió los seis contratos por trato directo con San Nicolás SpA. Su rol como autoridad firmante está documentado en los expedientes de la Contraloría y en las publicaciones de MercadoPúblico.

Quien recomendó técnicamente los servicios de San Nicolás SpA, según consta en los registros del propio expediente, fue el entonces Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas (SEREMI MOP), Yanino Riquelme. Riquelme participó en la determinación operativa del proveedor durante la emergencia. Posteriormente fue ascendido al cargo de Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, posición que ocupa actualmente.

El 20 de febrero de 2026, en el marco de la investigación penal abierta por la Fiscalía Regional de Valparaíso sobre estas contrataciones, se realizó un allanamiento en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas en la Región (BioBío Chile, 20/02/2026). La Fiscalía incautó el teléfono celular del actual delegado, Yanino Riquelme, así como otros computadores y celulares de funcionarios involucrados en los contratos.

La cancelación tardía y la devolución solicitada

En febrero de 2026, ya con el Informe 528/2025 de Contraloría en circulación pública, la propia Delegación Presidencial Regional de Valparaíso solicitó a San Nicolás SpA devolver los dineros no respaldados (BioBío Chile, 19/02/2026).

En paralelo, la Dirección Regional de Arquitectura del MOP — otro organismo cubierto por los informes de Contraloría sobre el manejo del megaincendio — había adjudicado a la misma empresa otro contrato por $6.795.138.000 para demoliciones de viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar. El monto equivalía a $7.306.600 por vivienda demolida, cifra notoriamente superior a otras ofertas recibidas. El MOP terminó cancelando el contrato, pero ya había pagado $1.527.079.400 a la empresa.

El contexto legal

El Art. 8 letras b) y c) de la Ley 19.886 y los artículos correspondientes del Reglamento (Decreto 250/2004) permiten el trato directo en emergencias y para satisfacer necesidades imprevistas. Para hacerlo, exigen tres elementos básicos: resolución fundada del jefe del servicio, publicación en MercadoPúblico y justificación técnica de la causal invocada. La Contraloría ha sostenido en múltiples dictámenes que la modalidad excepcional no exime — por el contrario, agudiza — los deberes de evaluación técnica del proveedor, exigencia de garantías y trazabilidad del gasto.

Lo que el Informe 528/2025 de la Contraloría documenta es que esos deberes no se cumplieron. La modalidad de emergencia se invocó, pero los controles que la propia ley exige incluso bajo esa modalidad — evaluar al proveedor, pedir garantías, evitar subcontratación informal, acreditar la prestación efectiva — no se aplicaron.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público (justicia penal) y al Consejo de Defensa del Estado (defensa civil del fisco). El futuro Ministro de Vivienda Iván Poduje anunció que el ministerio se querellará "contra quienes resulten responsables". El Gobernador Regional Rodrigo Mundaca declaró que "se requiere sanción" y que "la explicación no puede ser 'no nos dimos cuenta'".

El alcance del caso

Los contratos a San Nicolás SpA representan aproximadamente $6.725 millones del total de $19.420 millones que la regla detectó. Los $12.695 millones restantes corresponden a otras 87 compras — distintos proveedores, distintos servicios — todas también ejecutadas vía trato directo o convenio marco durante el mismo período. La Contraloría no ha publicado, hasta la fecha de este reportaje, un detalle exhaustivo de cada uno de esos contratos.

Lo que el dato global de Transparentin permite aportar al escrutinio es que el patrón de 100% trato directo no se limita a los seis contratos cuestionados penalmente. Es la modalidad operativa de toda la actividad de compra de la Delegación durante 24 meses. La emergencia del megaincendio justifica los primeros meses; los siguientes 22 meses hasta la fecha actual escapan de esa lógica.

Qué pide verificarse

Las gestiones específicas que pueden complementar los informes ya emitidos por Contraloría:

• El listado completo de las 93 compras de la Delegación con el detalle del proveedor, monto, causal del Art. 8 invocada y resolución fundada — solicitable vía Ley 20.285.
• El estado actual de las querellas anunciadas por el Ministerio de Vivienda y por el Consejo de Defensa del Estado.
• Los Informes adicionales de Contraloría sobre las otras instituciones cubiertas en el mismo expediente: Municipalidad de Quilpué (Informe 535/2025), Municipalidad de Viña del Mar (Informe 503/2025), Dirección Regional de Arquitectura MOP (Informes 805/2025 y 500/2025).
• Los registros de actividad real de las máquinas y personal facturados por San Nicolás SpA — bitácoras, GPS, certificaciones de horas trabajadas — que la Contraloría detectó como ausentes.
• Las declaraciones de patrimonio e intereses (InfoProbidad) de Sofía González y Yanino Riquelme durante el período de los contratos.

Cómo se detectó

El caso fue detectado por la regla "trato directo intensivo" de Transparentin, que compara el porcentaje de gasto vía trato directo y convenio marco de cada institución contra la mediana de su grupo de pares (en este caso, 90 delegaciones presidenciales regionales y provinciales). Cuando una institución supera el percentil 85 de su sector y el delta es material, el caso se publica en el registro público bajo el patrón trato directo intensivo.

Lo distintivo de este caso, frente a los hallazgos individuales de Contraloría, es la escala temporal: los Informes de la Contraloría se enfocan en períodos específicos vinculados al megaincendio. La regla de Transparentin observa el comportamiento agregado de 24 meses, lo que permite ver que la modalidad excepcional se ha mantenido más allá del período de emergencia y sin retorno gradual al régimen general de licitaciones públicas que la Ley 19.886 establece como regla.