Contraloría encadenó 3 tratos directos por upgrades de software y sumó $6 mil millones

El patrón es de trato directo abusivo, pero en este caso el mercado de software corporativo puede estar naturalmente concentrado y además la institución ya muestra antecedentes de compras tecnológicas con marcas o productos específicos. La Ley 19.886 exige que el trato directo se use de manera excepcional y debidamente fundada; cuando una entidad pública vuelve a contratar el mismo tipo de actualización o servicio por esa vía, la pregunta es si hubo licitación, convenio marco o justificación técnica suficiente para evitar competencia. El contexto de Contraloría no la exime, pero sí obliga a mirar si se trata de mantenimiento de plataformas críticas, licencias propietarias o dependencia tecnológica con un único proveedor o representante. El monto total es relevante, aunque no alcanza el umbral de los casos más graves, y el historial previo de la institución es moderadamente sensible por otras alertas en compras de software y hardware. La hipótesis detrás puede ser una renovación técnica inevitable, pero también una práctica de contratación repetida que termina blindando al proveedor. Por eso conviene revisar si hubo estudios de mercado, equivalencias funcionales y razones objetivas para no licitar.