Conaf encadenó 3 tratos directos por helicópteros por $1,6 mil millones
CONAF adjudicó 3 tratos directos entre febrero y junio de 2025 por servicios de helicóptero, por un total de $1,6 mil millones. Aunque el monto es alto, el tipo de servicio puede estar ligado a operativos de emergencia y eso baja la alarma.
Aquí también hay un patrón de trato directo abusivo en apariencia, porque la contratación excepcional se repite sobre el mismo objeto y por un monto muy alto. Sin embargo, el contexto importa: CONAF opera en incendios forestales, patrullajes y emergencias, donde el arriendo de helicópteros puede requerir respuesta inmediata y disponibilidad limitada, lo que reduce la severidad respecto de otros organismos. La Ley 19.886 no prohíbe el trato directo, pero sí exige que la causal esté bien fundada y que no se convierta en una forma habitual de contratación. El antecedente de la institución muestra 76% de compras por trato directo y 16 alertas previas, pero el caso no debe leerse como prueba de ilegalidad sin revisar la justificación operacional. La hipótesis razonable es que hubo adquisiciones ligadas a combate de incendios o a temporadas críticas, aunque igual corresponde verificar si se concentraron en pocos proveedores o si se pudo licitar un servicio marco. En síntesis, es una alerta importante, pero menos grave que otras por la naturaleza de emergencia del servicio.
Norma potencialmente infringida
Art. 8 bis Ley 19.886 (excepcionalidad del trato directo)
Qué verificar
5 pasos- 1Pedir los decretos y resoluciones que invocan la causal de trato directo en cada contratación
- 2Verificar si las compras coinciden con temporadas de incendios o estados de emergencia
- 3Revisar si hubo licitación previa, convenio marco o contrato marco para aeronaves
- 4Cruzar si el mismo proveedor concentra la mayoría de los servicios aéreos de CONAF
- 5Solicitar los informes operativos que expliquen por qué no era posible licitar
Evidencia
3 TDs · categoría ONU 78111501 · 2025-02-20→2025-06-30
Detección automatizada por cruce de datos públicos. Este caso es un indicio que requiere verificación — no una afirmación de irregularidad ni de fraude. Los textos fueron redactados con asistencia de un modelo de lenguaje a partir del hallazgo estructural.