Senda encadenó 12 tratos directos a rehabilitación de drogas por $4.439 millones
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol realizó 12 tratos directos entre febrero y septiembre de 2025 por la misma categoría, por un total de $4.439 millones. La compra más recurrente fue de servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias.
Este caso calza con un patrón de “trato directo abusivo”: no se trata de un solo contrato excepcional, sino de una secuencia de 12 adjudicaciones por el mismo objeto en 18 meses. La Ley 19.886 permite el trato directo solo de manera excepcional y con causal fundada; cuando la misma institución lo usa de forma reiterada para el mismo servicio, la regla general de licitar pierde sentido práctico. Aquí el monto es alto y la institución ya acumula 7 irregularidades previas, lo que sube la alerta pública. Además, hay antecedentes cercanos de otras contrataciones muy grandes por trato directo al mismo servicio, lo que sugiere una dependencia fuerte de este mecanismo. La hipótesis más prudente es que Senda está resolviendo necesidades continuas con proveedores específicos, pero también podría haber un diseño de contratación fragmentado para evitar una licitación competitiva de mayor escala. El impacto potencial es menor competencia, menor trazabilidad y más espacio para discrecionalidad.
Norma potencialmente infringida
Art. 8 bis Ley 19.886; Ley 20.880 (probidad)
Qué verificar
5 pasos- 1Solicitar por Ley de Transparencia los decretos y resoluciones que justificaron cada trato directo
- 2Revisar si los 12 contratos comparten causal del Art. 8 de la Ley 19.886
- 3Cruzar si hubo licitación pública previa para el mismo servicio y por qué se descartó
- 4Verificar si los proveedores repiten representante legal, domicilio o vínculos societarios
- 5Comparar estas compras con el presupuesto y plan anual de contratación de Senda
Evidencia
12 TDs · categoría ONU 85122103 · 2025-02-27→2025-09-26
Detección automatizada por cruce de datos públicos. Este caso es un indicio que requiere verificación — no una afirmación de irregularidad ni de fraude. Los textos fueron redactados con asistencia de un modelo de lenguaje a partir del hallazgo estructural.