Severidad Media·Trato directo abusivoAdministración

Constitución encadenó 10 tratos directos por basura por $1.971 millones

La I Municipalidad de Constitución adjudicó 10 tratos directos entre julio de 2025 y febrero de 2026 por recolección y eliminación de basuras, por un total de $1.971 millones. El patrón se repite sobre el mismo servicio municipal en un periodo corto.

El patrón es de “trato directo abusivo”, porque la municipalidad usa de forma sostenida una modalidad excepcional para un servicio que, en principio, suele ser licitable y previsible. La Ley 19.886 exige que el trato directo sea excepcional, fundado y no la regla de contratación; cuando se encadenan 10 adjudicaciones del mismo tipo, aparece la sospecha de que se está evitando una licitación mayor o renovando contratos en partes. El contexto muestra 80% de compras por trato directo y 16 irregularidades previas, así que no es un caso aislado. Sin embargo, el giro de aseo y retiro de basura puede tener urgencias operativas reales, por lo que la alerta no debe leerse como prueba de ilegalidad, sino como una señal de revisión. También es relevante que la comuna ya aparece con otras concentraciones fuertes de adjudicaciones, lo que sugiere un problema más amplio de competencia y planificación de compras. Si existió emergencia sanitaria o continuidad operacional, eso debe estar documentado caso a caso.

Norma potencialmente infringida

Art. 8 bis Ley 19.886; Ley 20.880 (probidad)

Qué verificar

5 pasos
  1. 1Pedir los decretos alcaldicios que justifican cada trato directo
  2. 2Revisar si hubo emergencias, fallas de servicio o continuidad operacional documentadas
  3. 3Comparar estos tratos directos con licitaciones anteriores del mismo servicio
  4. 4Verificar si se repiten montos, plazos y proveedores en cada adjudicación
  5. 5Solicitar el plan de manejo de residuos y el calendario de contratación municipal

Evidencia

ChileCompra (TDs sucesivos)

10 TDs · categoría ONU 76121501 · 2025-07-03→2026-02-11

Detección automatizada por cruce de datos públicos. Este caso es un indicio que requiere verificación — no una afirmación de irregularidad ni de fraude. Los textos fueron redactados con asistencia de un modelo de lenguaje a partir del hallazgo estructural.