Tesorería General acumuló 4 tratos directos por software de licencias por $513,7 millones
La Tesorería General de la República adjudicó 4 tratos directos por software de gestión de licencias entre abril de 2025 y abril de 2026, por $513.669.068. Aunque el software puede tener restricciones técnicas, la reiteración de la modalidad excepcional exige revisar la causal invocada.
El patrón es trato directo abusivo, pero con un matiz importante: el rubro software corporativo suele estar concentrado y puede tener proveedores únicos o representantes exclusivos en Chile. Por eso no corresponde sobrerreaccionar, aunque sí es razonable examinar por qué una institución con casi 900 adjudicaciones y un porcentaje de compras directas tan alto sigue resolviendo esta necesidad por excepción. La Ley 19.886 permite trato directo en casos específicos, pero no como mecanismo regular para renovar licencias o contratos de software sin revisión competitiva. La hipótesis benignamente plausible es que se trate de mantención, soporte o continuidad de una plataforma propietaria; la hipótesis más preocupante es que se haya instalado una dependencia contractual que impide licitar alternativas. El contexto baja la alarma porque este mercado suele ser concentrado, pero la recurrencia y el monto obligan a mirar la documentación de respaldo. En términos prácticos, lo decisivo es saber si se trata de un producto verdaderamente exclusivo o de una renovación que pudo haberse licitado.
Norma potencialmente infringida
Art. 8 bis Ley 19.886 (trato directo excepcional); Ley 20.880 (probidad)
Qué verificar
4 pasos- 1Solicitar los fundamentos técnicos que explican la exclusividad del software
- 2Revisar si el contrato incluye licencias, soporte, mantención o renovación automática
- 3Verificar si existían alternativas compatibles en el mercado chileno al momento de contratar
- 4Cruzar con licitaciones anteriores de la Tesorería para ver si hubo competencia real
Evidencia
4 TDs · categoría ONU 43231512 · 2025-04-24→2026-04-30
Detección automatizada por cruce de datos públicos. Este caso es un indicio que requiere verificación — no una afirmación de irregularidad ni de fraude. Los textos fueron redactados con asistencia de un modelo de lenguaje a partir del hallazgo estructural.